Recurso de casación para la unificación de la doctrina laboral
| Autor | Concepción Morales Vállez |
| Cargo del Autor | Profesora Asociada de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social Universidad Rey Juan Carlos |
Atención: este documento cita el art. 477,495 de Ley de Enjuiciamiento Civil (Ley 1/2000, de 7 de enero) que ha sido modificado por la Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo. (A partir de 20 marzo de 2024). Este documento está siendo revisado para determinar si es necesario actualizar su contenido
Atención: este documento cita el art. 483,481 de Ley de Enjuiciamiento Civil (Ley 1/2000, de 7 de enero) que ha sido modificado por la Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, por el que se adoptan y prorrogan determinadas medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad; de transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles y conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores; y de ejecución y cumplimiento del Derecho de la Unión Europea. . Este documento está siendo revisado para determinar si es necesario actualizar su contenido
El recurso de casación para la unificación de doctrina (RCUD) está regulado en el Titulo II, del Libro III, artículos 218 a 228 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (LRJS).
Nos encontramos ante un recurso devolutivo y extraordinario.
En lo no previsto por la Ley 36/2011, de 10 de octubre, regirá como supletoria la Ley 1/2000, de 7 de enero y, en los supuestos de impugnación de los actos administrativos cuya competencia corresponda al orden social, la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA), con la necesaria adaptación a las particularidades del proceso social y en cuanto sean compatibles con sus principios.
El RCUD tiene por objeto la unificación de doctrina con ocasión de sentencias dictadas en suplicación por las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia, que fueran contradictorias entre sí, con la de otra u otras Salas de los referidos Tribunales Superiores o con sentencias del Tribunal Supremo, respecto de los mismos litigantes u otros diferentes en idéntica situación donde, en mérito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales, se hubiere llegado a pronunciamientos distintos.
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El recurso de casación para unificación de doctrina es un recurso especial que, en principio, excede del esquema legal de doble grado previsto para la rama social de la Jurisdicción (Base Trigésimo Primera, ordinal 1 de la Ley 7/1989, de 12 de abril, de Bases de Procedimiento Laboral), estableciendo una revisión de lo ya juzgado en instancia y suplicación, con el específico fin de unificar doctrinas, y sólo se justifica por la previa existencia de criterios contradictorios en la aplicación de la norma. Es por ello también un recurso excepcional, por lo que, una utilización fuera de los márgenes precisos que se establecen en su regulación legal no es compatible con las finalidades institucionales del proceso laboral y obliga a exigir un control severo del cumplimiento de sus requisitos y presupuestos.
Ya la Exposición de Motivos de la Ley 7/1989, de 12 de abril, de Bases de Procedimiento Laboral afirmaba y se transcribe su literalidad, que:
Sentencias recurribles"La planta de los Tribunales Superiores de Justicia y la atribución a los mismos de los recursos de suplicación ha de ordenarse en modo tal que quede asegurada la unificación de jurisprudencia que el respeto a los principios de unidad jurisdiccional y de igualdad en la aplicación de la Ley exigen. A ello responde el recurso especial de casación para unificación de doctrina, que en modo alguno es un continuo del actual Recurso en interés de la Ley de que conoce el Tribunal Supremo contra Sentencias dañosas o erróneas dictadas por el Tribunal Central de Trabajo. Como especialidad más destacada de este Recurso, cabe citar el que su estimación produce efectos sobre las situaciones jurídicas creadas en virtud de la sentencia recurrida".
Son recurribles en casación para unificación de doctrina las sentencias dictadas en suplicación por las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia (artículo 218 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre).
En ningún caso prevé el precitado artículo de la Ley 36/2011, de 10 de octubre que el RCUD pueda interponerse contra los autos dictados por las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia.
No podemos olvidar que no sólo constituye éste un recurso extraordinario, sino que además es excepcional, y por ello el artículo 218 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre permite únicamente interponerlo contra sentencias (nunca contra Autos), siempre que tales sentencias cumplan una doble condición:
1. Que hayan recaído en resolución de un recurso de suplicación, con lo cual quedan excluidas aquéllas cuyo objeto hubiera sido diferente a éste.
2. Que hayan sido dictadas por la Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia, quedando, por lo tanto, fuera del ámbito de este excepcional recurso las de la Audiencia Nacional, lo que, por otra parte, es lógico, ya que dicha Audiencia carece de competencia funcional para el conocimiento de los Recursos de suplicación.
Finalidad del recurso de casación para unificación de doctrina (RCUD)El RCUD tendrá por objeto la unificación de doctrina con ocasión de sentencias dictadas en suplicación por las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia, que fueran contradictorias entre sí, con la de otra u otras Salas de los referidos Tribunales Superiores o con sentencias del Tribunal Supremo, respecto de los mismos litigantes u otros diferentes en idéntica situación donde, en mérito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales, se hubiere llegado a pronunciamientos distintos (artículo 219.1 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre).
Así pues vemos como el precepto exige para la viabilidad del RCUD que exista una contradicción entre la resolución judicial que se impugna y otra resolución judicial que ha de ser una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. La contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de “hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales”.
Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales.
Igualmente se ha de señalar que constituye doctrina unificada de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo que la finalidad institucional del RCUD determina que no sea posible en este excepcional recurso revisar los hechos probados de la entencia recurrida, ni abordar cuestiones relativas a la valoración de la prueba, pues está claro que el error de hecho no puede fundar un RCUD, como se desprende de los artículos 219 y 224 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, y ello tanto si la revisión se intenta por la vía directa de la denuncia de un error de hecho como si, de forma indirecta, se plantea como una denuncia de infracción de las reglas sobre valoración legal de la prueba, sobre la distribución de su carga o sobre los límites de las facultades de revisión fáctica de la Sala de suplicación.
Podrá alegarse como doctrina de contradicción la establecida en las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional y los órganos jurisdiccionales instituidos en los Tratados y Acuerdos internacionales en materia de derechos humanos y libertades fundamentales ratificados por España, siempre que se cumplan los presupuestos del artículo 219.1 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, referidos a la pretensión de tutela de tales derechos y libertades. La sentencia que resuelva el recurso se limitará, en dicho punto de contradicción, a conceder o denegar la tutela del derecho o libertad invocados, en función de la aplicabilidad de dicha doctrina al supuesto planteado.
Con iguales requisitos y alcance sobre su aplicabilidad, podrá invocarse la doctrina establecida en las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en interpretación del derecho comunitario (artículo 219.2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre).
De este modo, se amplía de forma...
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