Procesos sobre impugnación de sanciones

 
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El proceso de impugnación de sanciones constituye una forma de control del ejercicio del poder disciplinario del empresario al someter a valoración judicial las sanciones impuestas por el empresario al trabajador. Viene regulado en los arts. 114 y 115 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (LRJS) .

Contenido
  • 1 Potestad disciplinaria del empresario
  • 2 Demanda para el ejercicio de la acción de impugnación de sanción
  • 3 Tramitación del proceso de impugnación de sanción
    • 3.1 Conciliación judicial
    • 3.2 Celebración del juicio
  • 4 Sentencia en los procesos sobre impugnación de sanciones
  • 5 Recursos adicionales
    • 5.1 En doctrina
    • 5.2 En formularios
  • 6 Legislación básica
  • 7 Legislación citada
  • 8 Jurisprudencia citada
Potestad disciplinaria del empresario

Los trabajadores pueden ser sancionados por la dirección de las empresas en virtud de incumplimientos laborales de acuerdo con la graduación de faltas y sanciones que se establezcan por las disposiciones legales y por la ley aplicable.

El proceso de impugnación de sanciones es un mecanismo de control de la potestad disciplinaria del empresario, ya que la valoración de las faltas y las correspondientes sanciones impuestas por la dirección de la empresa serán siempre revisables ante la jurisdicción competente (jurisdicción social), art. 58 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (TRLET) .

La Sentencia del TSJ Madrid 540/2011 de 3 de junio [j 1] por la que se estima el recurso de casación interpuesto por la trabajadora por sancionar con despido las ausencias injustificadas al trabajo, nos recuerda los límites del poder sancionador del empresario:

el despido es una manifestación del poder sancionador del empresario, y viene sujeto a límites, rigiéndose por principios tales como el de legalidad, tipicidad, culpabilidad, non bis in idem, y proporcionalidad.

Los presupuestos formales para la imposición de sanciones disciplinarias por el empresario son los siguientes:

  • Comunicación de las faltas graves y muy graves. Carta de despido: al margen de otros requisitos específicos que puedan venir exigidos por Convenio Colectivo, las formalidades básicas establecidas por el TRLET indican que al empresario no le basta con manifestar su inequívoca voluntad de despedir para que el despido sea formalmente correcto y admisible, sino que ha de hacerlo ateniéndose a unas exigencias de forma concretas: debe hacerlo «en forma escrita», constituyendo el documento en el que se manifiesta la voluntad empresarial de despedir el que se conoce comúnmente como «carta de despido», art. 55.1 TRLET .
  • Expediente contradictorio. Los miembros del comité de empresa y los delegados de personal, como representantes legales de los trabajadores, tendrán, a salvo de lo que se disponga en los convenios colectivos, las siguientes garantías: apertura de expediente contradictorio en el supuesto de sanciones por faltas graves o muy graves, en el que serán oídos, aparte del interesado, el comité de empresa o restantes delegados de personal, art. 68 TRLET .
Ver tema:
→ ver: Requisitos formales del despido disciplinario

Demanda para el ejercicio de la acción de impugnación de sanción

Los órganos jurisdiccionales competentes para conocer del presente proceso son los Juzgados y Tribunales del orden social, tal y como se dispone en los arts. 9.5 y 25.1º de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ) y en los arts. 1 y 2 a), LRJS . Por otro lado, en cuanto a la competencia territorial de los mismos se determinará en función de los arts. 6 y 7, LRJS .

La legitimación activa para interponer la demanda la ostentará el trabajador sancionado que decide impugnar la decisión del empresario de acuerdo a lo dispuesto en el art. 114.1, LRJS , lo que nos lleva a determinar que la legitimación pasiva le corresponde al empresario o a la dirección de la empresa.

El trabajador puede impugnar la sanción que se le haya impuesto mediante demanda que deberá ser presentada en el plazo que establece el art. 103, LRJS , el cual determina el plazo para reclamar contra el despido que debe ser dentro de los veinte días hábiles siguientes a aquél en que se hubiera producido el despido, indicando también que se trata de un plazo de caducidad a todos los efectos y que no computan los sábados, domingos y los festivos en la sede del órgano jurisdiccional.

Como estableció la STS de 17 de mayo de 2010 [j 2] la fijación del "dies a quo" para el ejercicio de la acción de impugnación de sanción habrá de realizarse, atendiendo al momento en que tal acción pudo ejercitarse, tal como para determinados supuestos establece el art. 59,2, TRLET , y el art. 1969 del Código Civil (CC) , siendo dicho día aquel en que se comunica al trabajador la imposición de la sanción.

Conforme los arts. 65 y 69, LRJS la presentación de la papeleta de conciliación o el agotamiento a la vía administrativa previa a la vía judicial suspende el plazo de caducidad para presentar la demanda. En el caso de conciliación se reanuda el plazo al día siguiente de su intento o a los 15 días desde la presentación de la papeleta sin haberse celebrado el acto de conciliación, en cambio, en el supuesto de reclamación administrativa previa el plazo se reanuda el día siguiente de la notificación de la resolución o transcurrido el plazo de un mes....

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