Procesos sobre despidos disciplinarios

 
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El proceso sobre despidos disciplinarios ( arts. 103 a 113 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (LRJS) ) se aplica a la impugnación de las decisiones empresariales de extinción de contrato con las especialidades necesarias, sin perjuicio de lo previsto para los procesos derivados de la extinción del contrato de trabajo por causas objetivas ( art. 120, LRJS ) y de las consecuencias sustantivas de cada tipo de extinción contractual ( art. 103.3, LRJS ).

Contenido
  • 1 Modalidad procesal de despido disciplinario
  • 2 Presentación de la demanda por despido
  • 3 Demanda por despido contra empresario
    • 3.1 Requisitos de la demanda por despido
    • 3.2 Órgano competente para enjuiciar el proceso de despido disciplinario
    • 3.3 Acumulación de acciones y procesos
  • 4 Acto de conciliación y juicio
  • 5 Requisitos de las sentencias en los procesos por despido
  • 6 Calificación del despido por la sentencia
    • 6.1 Despido procedente
    • 6.2 Despido improcedente
      • 6.2.1 Efectos del despido improcedente
      • 6.2.2 Efectos del recurso contra la sentencia de declaración de improcedencia del despido
      • 6.2.3 Efectos del recurso contra la sentencia de declaración de improcedencia del despido de un representante legal o sindical de los trabajadores
    • 6.3 Despido nulo
  • 7 Recursos adicionales
    • 7.1 En doctrina
    • 7.2 En formularios
    • 7.3 Esquemas procesales
  • 8 Legislación básica
  • 9 Legislación citada
  • 10 Jurisprudencia citada
Modalidad procesal de despido disciplinario

En todo lo no previsto expresamente en normas del Capítulo II sección 1ª ( arts. 103 a 113, LRJS ) regirán las normas establecidas para el proceso ordinario ( art. 102, LRJS ).

Si al presentar la demanda se advierte la inadecuación del procedimiento seguido, se dará al asunto la tramitación que corresponda a la naturaleza de las pretensiones ejercitadas sin que exista vinculación a la modalidad elegida por las partes.

El sobreseimiento del proceso o la absolución de la instancia por inadecuación de la modalidad procesal no procederá salvo cuando no sea posible completar la tramitación seguida hasta ese momento o cuando la parte actora persista en la modalidad procesal inadecuada.

Presentación de la demanda por despido

El trabajador puede reclamar contra el despido, dentro de los 20 (veinte) días hábiles siguientes a aquél en que se hubiera producido. Dicho plazo será de caducidad a todos los efectos y para el cómputo del plazo no se computan los sábados, domingos y festivos en la sede del órgano jurisdiccional ( art. 103.1, LRJS ), por otro lado, el mes de agosto será hábil conforme al art. 43.4, LRJS .

En consonancia con el art. 59.3 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (TRLET) , el ejercicio de la acción contra el despido o resolución de contratos temporales caducará a los 20 (veinte) días siguientes de aquel en que se hubiera producido. También advierte que los días serán hábiles y el plazo es de caducidad a todos los efectos.

Este plazo de caducidad quedará interrumpido por la presentación de la solicitud de conciliación ante el órgano público de mediación, arbitraje y conciliación competente.

Demanda por despido contra empresario

En cuanto a las partes de los procesos sobre despidos disciplinarios serán las propias de los procesos sociales

El TRLET ( art. 1.2 ) define como empresario a todas las personas, físicas o jurídicas, o comunidades de bienes que reciban la prestación de servicios de sus trabajadores, así como de las personas contratadas para ser cedidas a empresas usuarias por empresas de trabajo temporal legalmente constituidas.

En el supuesto que el trabajador promueva la acción de despido ( papeleta de conciliación o solicitud de mediación , reclamación previa o demanda por despido) contra una persona a la que erróneamente se haya atribuido la cualidad de empresario, y se acredite con posterioridad, en el juicio o en otro momento anterior del proceso, que el empresario es un tercero, el trabajador podrá promover una nueva demanda contra éste (el empresario real), o ampliar la demanda si no se hubiera celebrado el juicio, sin que comience el cómputo del plazo de caducidad hasta el momento en que conste quién es el empresario ( art. 103.2, LRJS ).

El Ministerio Fiscal será parte en la demanda siempre que se alegue la vulneración de un derecho fundamental. Los sindicatos y el FOGASA también pueden ser parte en los procesos por despido.

Las partes podrán comparecer por sí mismas o conferir su representación a abogado, procurador, graduado social colegiado o cualquier persona que se encuentre en el pleno ejercicio de sus derechos civiles. La representación podrá conferirse mediante poder otorgado por comparecencia ante el secretario judicial o por escritura pública ( art. 18 LRJS ).

Requisitos de la demanda por despido

El procedimiento inicia con la interposición de la demanda ante el Juzgado de los Social correspondiente por el trabajador.

La demanda por despido debe reunir los requisitos generales de los arts. 80, 81, 82 además de los siguientes, enumerados en el art. 104, LRJS :

  • Antigüedad, concretando los períodos en que hayan sido prestados los servicios; categoría profesional; salario, tiempo y forma de pago; lugar de trabajo; modalidad y duración del contrato; jornada; categoría profesional; características particulares, si las hubiere, del trabajo que se realizaba antes de producirse el despido.
  • Fecha de efectividad del despido, forma en que se produjo y hechos alegados por el empresario, acompañando la comunicación recibida, en su caso, o haciendo mención suficiente de su contenido.
  • Si el trabajador ostenta, o ha ostentado en el año anterior al despido, la cualidad de representante legal o sindical de los trabajadores, así como cualquier otra circunstancia relevante para la declaración de nulidad o improcedencia o para la titularidad de la opción derivada, en su caso.
  • Si el trabajador se encuentra afiliado a algún sindicato, en el supuesto de que alegue la improcedencia del despido por haberse realizado éste sin la previa audiencia de los delegados sindicales, si los hubiera.

Conforme los arts. 26.2 y 184, LRJS :

Si en la demanda se alega la vulneración de derechos fundamentales se debe especificar el derecho fundamental alegado y determinar los daños y perjuicios sufridos por el trabajador y su cuantificación económica.

Una vez interpuesta la demanda, el Secretario Judicial, dentro de los tres días siguientes a la recepción de la misma, dará cuenta al juez o tribunal si entendiera que concurren los supuestos de falta de jurisdicción o competencia, o si no fuera el caso, resolverá sobre la admisión a trámite con señalamiento de juicio, art. 81.1, LRJS .

En el caso de que el Secretario Judicial apreciare defectos u omisiones, advertirá a la parte para que en el plazo de cuatro días proceda a subsanarlos. Realizada la subsanación, el Secretario Judicial dentro de los tres días siguientes admitirá la demanda; aunque si por el contrario la parte no subsanara los defectos apreciados, el Secretario Judicial dará cuenta al juez o tribunal para que por el mismo se resuelva sobre su admisibilidad dentro de los tres días siguientes art. 81.1 y .2, LRJS . El señalamiento de los actos de conciliación y juicio deberá hacerse conforme al art. 82, LRJS .

Órgano competente para enjuiciar el proceso de despido disciplinario

El art. 6, LRJS atribuye a los Juzgados de lo Social, la competencia genérica y residual en primera instancia en esta materia, al establecer que conocerán en única instancia de todos los procesos atribuidos al orden jurisdiccional social, con excepción de lo asignado a otros órganos de este orden en los arts. 7, 8 y 9, LC .

En cuanto a la competencia territorial de los Juzgados de lo Social, con carácter general, será juzgado competente el del lugar de prestación de los servicios o el del domicilio del demandado, a elección del demandante. El art. 10, LRJS añade lo siguiente:

Si los servicios se prestaran en lugares de distintas circunscripciones territoriales, el trabajador podrá elegir entre aquél de ellos en que tenga su domicilio, el del contrato, si hallándose en él el demandado pudiera ser citado, o el del domicilio del demandado.

En el caso de que sean varios los demandados, y se optare por el fuero del domicilio, el actor podrá elegir el de cualquiera de los demandados.

En las demandas contra las Administraciones públicas empleadoras será juzgado competente el del lugar de prestación de los servicios o el del domicilio del demandante, a elección de éste; salvo para los trabajadores que presten servicios en el extranjero, en que será juzgado competente el del domicilio de la Administración pública demandada.
→ ver: Competencias de la jurisdicción social

Acumulación de acciones y procesos

( Art. 26, 27.2, 32, 180, 181 , LRJS )

La LRJS ha señalado en su art. 26 una serie de materias que tienen limitada o excluida la capacidad de ser acumuladas entre ellas el despido u otras causas de extinción del contrato de trabajo.

Sin embargo, podrán acumularse las acciones de despido y de extinción del contrato, siempre que las acciones se ejerciten dentro del plazo de despido. Junto a esta acción, se podrá acumular la extinción indemnizada del vínculo, así como para las cantidades posteriormente adeudadas.

Así mismo se podrá acumular la acción de despido y la reclamación de liquidación de cantidades adeudadas con anterioridad.

Por otro lado, el art. 28, LRJS indica que diferentes procesos serán objeto de acumulación de oficio o a instancia de parte en un mismo órgano jurisdiccional, cuando:

  • Se refieran a un mismo demandado.
  • Los actores pueden ser diferentes.
  • Las acciones ejercitadas sean idénticas o de las que se permita la acumulación.

En...

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