Procedimiento de tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas

 
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La regulación sobre el procedimiento de tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas establecida por la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (LJCA) , viene a ser un desarrollo de lo dispuesto en el artículo 53.2 de la Constitución española , donde se establece el carácter preferente y sumario de la protección de los derechos fundamentales regulados en la Sección I del Título I del Capítulo II de la Constitución

Es por ello, por lo que la ley reguladora de cada orden jurisdiccional tiene la obligación de regular un procedimiento caracterizado por los principios de preferencia y sumariedad para la protección de estos derechos.

Contenido
  • 1 Derechos protegidos en el proceso de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas
  • 2 Acumulación de acciones al procedimiento de tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas
    • 2.1 Excepciones a la no acumulación de procesos
  • 3 Jurisdicción y competencia en los procedimientos de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas
  • 4 Legitimación activa y pasiva en los procesos de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas
  • 5 Tramitación del procedimiento de tutela de los derechos y libertades públicas
    • 5.1 Interposición de la demanda por vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas
    • 5.2 Medidas cautelares en el proceso sobre la tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas
    • 5.3 Conciliación y juicio en el proceso sobre la tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas
    • 5.4 Sentencia en el proceso sobre la tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas
    • 5.5 Indemnizaciones por vulneración de un derecho fundamental o libertad pública
  • 6 Ver también
  • 7 Recursos adicionales
    • 7.1 En formularios
    • 7.2 En doctrina
    • 7.3 Esquemas procesales
  • 8 Legislación básica
  • 9 Legislación citada
  • 10 Jurisprudencia citada
Derechos protegidos en el proceso de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas

Este proceso, en atención a lo dispuesto en el artículo 177 LRJS , permite protegerse contra las acciones que lesionen los derechos enumerados a continuación, siempre y cuando se trate de pretensiones propias del orden jurisdiccional social .

Los derechos de referencia son:

  • Tratamiento discriminatorio.

Estos se desprenden del artículo 177.1, LRJS :

Cualquier trabajador o sindicato que, invocando un derecho o interés legítimo, considere lesionados los derechos de libertad sindical , huelga u otros derechos fundamentales y libertades públicas, incluida la prohibición de tratamiento discriminatorio y del acoso , podrá recabar su tutela a través de este procedimiento cuando la pretensión se suscite en el ámbito de las relaciones jurídicas atribuidas al conocimiento del orden jurisdiccional social o en conexión directa con las mismas, incluidas las que se formulen contra terceros vinculados al empresario por cualquier título, cuando la vulneración alegada tenga conexión directa con la prestación de servicios.

En el proceso de tutela no pueden resolverse cuestiones relacionadas con la aplicación o interpretación de norma de legalidad ordinaria, por lo que las normas de rango inferior a la Constitución no podrán servir de fundamento de la pretensión.

Acumulación de acciones al procedimiento de tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas

El objeto de este proceso se limita al conocimiento de la lesión del derecho fundamental o libertad pública. En ningún caso, podrán ser acumuladas acciones de otra naturaleza a la tramitación de estos procesos. Ni siquiera son acumulables acciones de esta misma naturaleza, siempre que se basara en diferentes fundamentos ( art. 178, LRJS )

Excepciones a la no acumulación de procesos

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 178, LRJS , en los siguientes supuestos (enumeración taxativa del art. 184, LRJS ) en que se invoque lesión de derechos fundamentales y libertades públicas se tramitarán inexcusablemente, con arreglo a la modalidad procesal correspondiente a cada una de ellas, dando carácter preferente a dichos procesos y acumulando en ellos, según lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 26, LRJS , las pretensiones de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas con las propias de la modalidad procesal respectiva:

Jurisdicción y competencia en los procedimientos de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas

Conforme a los arts. 177.1 y 2.f), LRJS la protección frente a las lesiones de los derechos fundamentales y libertades públicas compete a los jueces y tribunales del orden jurisdiccional social cuando ésta se produce en el marco de la relación laboral:

Cualquier trabajador o sindicato que, invocando un derecho o interés legítimo, considere lesionados los derechos de libertad sindical, huelga u otros derechos fundamentales y libertades públicas, incluida la prohibición de tratamiento discriminatorio y del acoso, podrá recabar su tutela a través de este procedimiento cuando la pretensión se suscite en el ámbito de las relaciones jurídicas atribuidas al conocimiento del orden jurisdiccional social o en conexión directa con las mismas, incluidas las que se formulen contra terceros vinculados al empresario por cualquier título, cuando la vulneración alegada tenga conexión directa con la prestación de servicios.

La competencia territorial viene atribuida por el lugar donde se produjo la lesión del derecho fundamental que se pretende proteger. Hay que tener en cuenta:

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia conocerá:

1.º En única instancia, de los procesos que la ley establezca sobre controversias que afecten a intereses de los trabajadores y empresarios en ámbito superior al de un Juzgado de lo Social y no superior al de la Comunidad Autónoma.

2.º De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas por los Juzgados de lo Social de la comunidad autónoma, así como de los recursos de suplicación y los demás que prevé la ley contra las resoluciones de los juzgados de lo mercantil de la comunidad autónoma en materia laboral, y las que resuelvan los incidentes concursales que versen sobre la misma materia.
La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional conocerá en única instancia:

1.º De los procesos especiales de impugnación de convenios colectivos cuyo ámbito territorial de aplicación sea superior al territorio de una Comunidad Autónoma.

2.º De los procesos sobre conflictos colectivos cuya resolución haya de surtir efecto en un ámbito territorial superior al de una Comunidad Autónoma.
Legitimación activa y pasiva en los procesos de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas

Serán tanto los sindicatos como los trabajadores , los que invocando un interés legítimo relacionado con los derechos anteriores podrá iniciar dicho proceso.

De ser el trabajador el que accione la legitimación activa, podrá el sindicato al que esté afiliado, actuar como sujeto coadyuvante, sin perjuicio de que pueda ostentar el mismo papel, cualquier otro sindicato, siempre que tenga la consideración de más...

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