Jurisdicción social

 
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La Jurisdicción Social, como cualquier otro orden jurisdiccional, basa su existencia en el art. 24 de la Constitución Española (CE) , donde se reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva, artículo constitucional que queda completado con el art. 117.3 del mismo texto, donde se establece que el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes.

El art. 3.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ) , consagra el orden social como uno de los órdenes jurisdiccionales en nuestro país.

La Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (LRJS) , señala en su exposición de motivos que ha querido respetar la estructura básica de la su predecesora, el Texto Refundido de la Ley del Procedimiento Laboral , aprobado por Real Decreto 2/1995, de 7 de abril , consolidando los principios rectores, distribución de reglas y organización interna.

Contenido
  • 1 Orden jurisdiccional social
  • 2 Ámbito objetivo del orden jurisdiccional social
  • 3 Exclusiones al orden jurisdiccional social
  • 4 Ver también
  • 5 Recursos adicionales
    • 5.1 En formularios
    • 5.2 En doctrina
  • 6 Legislación básica
  • 7 Legislación citada
  • 8 Jurisprudencia citada
Orden jurisdiccional social

Según se desprende del art. 1, LRJS la Jurisdicción Social es el conjunto de órganos jurisdiccionales que tienen encomendado el enjuiciamiento de una serie de litigios vinculados a la rama social del Derecho, esto es, al Derecho Laboral y de la Seguridad Social .

El mismo artículo establece que su conocimiento se refiere tanto a las cuestiones individuales como colectivas, habida cuenta de que, tal y como se establece en la propia exposición de motivos, una de las grandes novedades de la norma es la atracción hacia este orden jurisdiccional de las resoluciones de la autoridad laboral, aprobatorias de los despidos colectivos . Sin embargo, este extremo ha perdido la gran importancia que tenía en el 2011, ya que actualmente estas decisiones no las acuerda la autoridad laboral, siendo más bien un acuerdo entre partes o una decisión empresarial donde la Autoridad Laboral limita su actuación a una mera supervisión del procedimiento.

Por último, también queda integrado en este orden jurisdiccional el conocimiento de las actuaciones llevadas a cabo por las Administraciones Públicas siempre que ejerzan potestades y funciones en las materias anteriores. Así, la norma sustrae del conocimiento de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa estas materias de conocimiento, despojando a la Administración de gran parte de la supremacía con la que actúa generalmente incluso ante los órganos judiciales del orden contencioso-administrativo .

En materia de competencia entre ambas jurisdicciones destaca la STS nº 1006/2016, Sala Social, de 29 de noviembre [j 1], que mantiene la declaración de incompetencia de la jurisdicción social para conocer de reclamaciones derivadas de la prestación de servicios llevada a cabo en virtud de contratos administrativos por falta de contradicción entre las sentencias de contraste.

Ámbito objetivo del orden jurisdiccional social

Hablar del ámbito objetivo supone determinar las materias concretas en las que estos órganos jurisdiccionales pueden actuar, es decir, delimitar las actuaciones concretas sobre las que pueden actuar. Esta tarea viene desarrollada en la norma de una manera positiva, en el art. 2, LRJS , incorporando un elenco de cuestiones litigiosas. Asimismo, se establece una delimitación negativa, incluida en el art. 3, LRJS , en la que se excluyen una serie de materias.

En todo caso, hay que señalar que la enumeración de materias que la ley hace es una lista abierta, pudiendo entender esta jurisdicción de otras materias similares siempre que una norma legal así se lo atribuya. Este carácter abierto lo encontramos en el art. 2. t), LRJS al indicar que corresponden a este orden jurisdiccional el conocimiento de cualquiera otras cuestiones que les sean atribuidas por ésta u otras normas con rango de ley.

El art. 2, LRJS hay que completarlo, en todo caso, con el art. 9.5, LOPJ , que establece que este orden:

conocerá de las pretensiones que se promuevan dentro de la rama social del derecho, tanto en conflictos individuales como colectivos , así como las reclamaciones en materia de seguridad social o contra el Estado cuando le atribuya responsabilidad laboral.

En este punto, es conveniente señalar que la jurisprudencia de la Unión Europea, distingue entre contrato de trabajo y relación laboral, ampliando este concepto a situaciones laborales que se pueden dar respecto a empresarios y trabajadores a los que no les une directamente un vínculo laboral, como podría ser el empresario que ha subcontratado a la empresa a la que pertenece el trabajador y respecto de la que se pueden generar obligaciones laborales, así como en materia de prevención de riesgos, quedando estas materias sujetas al conocimiento de la Jurisdicción social.

La delimitación positiva del art. 2, LRJS incluye las cuestiones litigiosas que se promuevan:

  • Entre los trabajadores o herederos contra el empresario frente a daños originados en ejercicio de la relación laboral, o que tengan su causa en ésta. Estas acciones también se podrán dirigir contra quienes asuman la responsabilidad, ya sea de forma legal, convencional o contractual, así como frente a las entidades de seguros . En este sentido hay que señalar que, si bien tradicionalmente esta competencia ha correspondido a la jurisdicción social, en ciertos momentos se ha reclamado por la jurisdicción civil . Sin embargo, el Tribunal Supremo ha dejado claro en su jurisprudencia que el incumplimiento de la normativa de prevención y los daños ocasionados por ello son un claro incumplimiento del contrato de trabajo.

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