Efectos de la extinción del contrato por causas objetivas

Autor:Víctor Santa-Bárbara Rupérez
 
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Supuesta la existencia previa de impugnación en forma por parte del trabajador, los efectos y consecuencias de la extinción del contrato por causas objetivas (despido objetivo), en función de cuál sea el sentido de las declaraciones judiciales que pueden producirse vienen previstos y regulados en el art. 53.4 y 5 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (TRLET) y en los arts. 122 y 123 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (LRJS) .

El Magistrado de lo Social, finalizado el proceso a que haya dado lugar la impugnación/demanda del trabajador, dictará sentencia en la que calificará la extinción realizada por el empresario (basada en una causa objetiva), como procedente, improcedente o nula.

Contenido
  • 1 Declaración de procedencia de la extinción del contrato de trabajo por causas objetivas
  • 2 Declaración de improcedencia de la extinción del contrato de trabajo por causas objetivas
  • 3 Declaración de nulidad de la extinción del contrato de trabajo por causas objetivas
    • 3.1 Efectos de la declaración judicial de nulidad
  • 4 Efectos de la extinción por causas objetivas, en orden a las prestaciones de desempleo
  • 5 Jurisprudencia destacada
  • 6 Notas
  • 7 Ver también
  • 8 Recursos adicionales
    • 8.1 En formularios
    • 8.2 En doctrina
    • 8.3 Esquemas procesales
  • 9 Legislación básica
  • 10 Legislación citada
  • 11 Jurisprudencia citada
Declaración de procedencia de la extinción del contrato de trabajo por causas objetivas

La decisión extintiva se considerará procedente siempre que se acredite la concurrencia de la causa en que se fundamentó la decisión y se hubieren cumplido los requisitos establecidos en el art. 53.1, TRLET .

La sentencia que estime procedente la decisión del empresario , declarará extinguido el contrato de trabajo, sin que ello obste para que, en su caso, se condene al empresario a satisfacer al trabajador las diferencias que pudieran existir, tanto entre la indemnización que ya hubiere percibido (o que no hubiera percibido, pero que se hubiera puesto a su disposición) y la que legalmente corresponda, como las relativas a los salarios del período de preaviso, en los supuestos en que éste no se hubiere cumplido ( art. 123.1, LRJS ).

En todo caso, el trabajador consolidará el derecho a la percepción de la indemnización legalmente procedente y se entenderá en situación de desempleo por causa a él no imputable ( art. 53.5.a), TRLET ):

Poner a disposición del trabajador, simultáneamente a la entrega de la comunicación escrita, la indemnización de veinte días por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año y con un máximo de doce mensualidades.

La Sentencia de TS, Sala 4ª, de lo Social, 11 de Noviembre de 2014 [j 1] confirma la procedencia del despido de una trabajadora por su participación en un hecho delictivo, aunque haya sido absuelta del mismo. El Tribunal resuelve alegando que se transgredió la buena fe contractual al facilitar información sobre la empresa a los autores del delito, y por lo tanto, la absolución en el ámbito penal no tiene consecuencias en el laboral.

Declaración de improcedencia de la extinción del contrato de trabajo por causas objetivas

Se declarará improcedente la decisión extintiva cuando el empresario, habiendo cumplido los requisitos formales exigibles, no acredite la concurrencia de la causa legal alegada en la comunicación escrita, o cuando no se hubieran cumplido los requisitos formales exigidos por el art. 53.1, TRLET .

La sentencia que declare improcedente la decisión extintiva condenará al empresario en los términos previstos para el despido disciplinario, sin que los salarios de tramitación se puedan deducir de los correspondientes al período de preaviso ( art. 123.2, LRJS ).

La declaración judicial de improcedencia, así, comportará la condena del empresario a la readmisión del trabajador en las mismas condiciones que regían antes de producirse la extinción o, alternativamente y a elección del empresario, en el abono de una indemnización del importe equivalente a 33 días de salario por año [1] de servicio prestado a la empresa, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año, con el tope máximo de 24 mensualidades de salario. En caso de readmisión, se adicionará a esta indemnización la complementaria por salarios de tramitación del procedimiento, que no podrán minorarse con los que se hubieran abonado en el período de preaviso, sino que son acumulativos.

Cuando se haya optado por parte del empresario por la readmisión del trabajador, deberá comunicárselo por escrito al trabajador dentro de los 10 días siguientes a la notificación de la sentencia. En dicha comunicación deberá constar la fecha de reincorporación al trabajo, dado que deberá efectuarse en un plazo no inferior a los 3 días siguientes al de la recepción del escrito. Y consecuentemente, deberá instar el alta del trabajador en la Seguridad Social con efectos desde la fecha del despido para que se considere cotizado el período hasta la readmisión, a todos los efectos.

La Sentencia de TS, Sala 4ª, de lo Social, 25 de Junio de 2013 [j 2] establece que en el caso de no proceder la readmisión del trabajador, por haber sido declarado afecto a una incapacidad permanente en grado de gran invalidez con posterioridad al despido, el empresario estará obligado a indemnizar al trabajador conforme al art. 1134, CC .

Los representantes legales de los trabajadores gozarán, en las extinciones por causas objetivas , de las mismas garantías que les concede el art. 56.3, TRLET en caso de despido disciplinario. Por tanto, cuando la extinción se declare improcedente, la opción entre la readmisión o la indemnización les corresponderá a ellos y no al empresario, siendo obligada la readmisión, si optase por ésta.

Al igual que en los procedimientos por despido, la opción ha de ejercitarse (bien por el empresario, bien por el trabajador representante legal de los trabajadores), en el plazo de cinco días siguientes al de la notificación de la sentencia y hacerse por escrito o mediante comparecencia ante la secretaría que conoció del asunto. El silencio de la parte interesada, en el plazo legal, equivale a la opción por la readmisión.

Declarada la improcedencia y atendido que el Magistrado ha de fijar en su sentencia la cuantía de la indemnización que ha de percibir el trabajador, para el caso de que las partes optaran por ella, acordará también, en la propia sentencia, la compensación entre la indemnización percibida y la nueva que se señale. De forma que, caso de optar por la indemnización, lo que deberá hacer el empresario es completar la diferencia ( art. 123, LRJS ).

En la Sentencia de TS, Sala 4ª, de lo Social, 29 de Septiembre de 2014 [j 3] se denuncia la infracción de la Disposición Transitoria 5ª.2 del Real Decreto ley 3/2012 de 10 de febrero al haber aplicado la sentencia recurrida, en el cálculo de las indemnizaciones, el límite de 720 días, sin diferenciar la extensión de los periodos trabajadoras antes y después de la reforma operada en virtud del citado Real Decreto Ley.

El art. 57, TRLET determina que cuando la sentencia que declare la improcedencia del...

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