Conceptualización y contenido del contrato de alta dirección

Autor:Víctor Santa-Bárbara Rupérez
 
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El art. 1.2 del Real Decreto 1382/1985 de 1 de agosto por el que se regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección establece los contornos de la figura jurídica del “personal de alta dirección” al señalar:

«Se considera personal de alta dirección a aquellos trabajadores que ejercitan poderes inherentes a la titularidad jurídica de la empresa, y relativos a los objetivos generales de la misma, con autonomía y plena responsabilidad sólo limitadas por los criterios e instrucciones directas emanadas de los órganos superiores de gobierno y administración de la entidad que respectivamente ocupe aquella titularidad.»

Quedan excluidas las personas que ostenten/ejerzan pura y simplemente el cargo de consejero o miembro de los órganos de administración en las empresas que revistan la forma jurídica de sociedad.

Desde esta definición, inicialmente, puede afirmarse que ni el nombre dado al cargo que se ocupe, ni la cuantía de la retribución, ni la existencia o no de vigilancia o control inmediato por parte de quien ostente la titularidad de la empresa, ni aun el detentar formalmente determinadas facultades o poderes conferidos notarialmente e inscritos en el Registro Mercantil , son por sí mismas características o factores decisivos para calificar automáticamente determinada relación como especial de alta dirección.

Contenido
  • 1 Delimitación de la figura del contrato de alta dirección
  • 2 Forma y contenido del contrato de alta dirección
    • 2.1 Forma del contrato de alta dirección
    • 2.2 Contenido mínimo del contrato de alta dirección
  • 3 Período de prueba en el contrato de alta dirección
  • 4 Tiempo de trabajo en el contrato de alta dirección
  • 5 Salario en el contrato de alta dirección
  • 6 Pacto de no concurrencia con la empresa
  • 7 Normativa destacada
  • 8 Jurisprudencia relevante
  • 9 Ver también
  • 10 Recursos adicionales
    • 10.1 En formularios
    • 10.2 En doctrina
  • 11 Legislación básica
  • 12 Legislación citada
  • 13 Jurisprudencia citada
Delimitación de la figura del contrato de alta dirección

La doctrina del TS ha precisado, con reiteración e insistencia, que aquello que caracteriza y configura jurídicamente la relación laboral especial del alto cargo es:

  • Que el interesado ejercite poderes inherentes a la titularidad jurídica de la empresa, lo que implica, fundamentalmente, la capacidad de llevar a cabo actos y negocios jurídicos en nombre de tal empresa, y de realizar actos de disposición patrimonial, teniendo la facultad de obligar a ésta frente a terceros.
  • Que esos poderes afecten a los objetivos generales de la compañía no pudiendo ser calificados como tales los que se refieran a facetas o sectores parciales de la actividad de éstas.
  • Y que el ejercicio de estos poderes se efectúe con autonomía y plena responsabilidad con la sola limitación de los criterios e instrucciones directas emanadas de la persona física o jurídica que ostente la titularidad de la empresa.

Una mera «apariencia», pues, no basta para calificar como laboral especial de alta dirección una relación de servicio, si como trasfondo no aparece el ejercicio efectivo de aquellos poderes inherentes a la titularidad de la empresa desempeñados con arreglo a las circunstancias que acabamos de ver.

Como señaló la STS de 4 de junio de 1996 [j 1]:

El perfil no demasiado claro de la relación laboral especial de alta dirección ha hecho precisa la labor integradora de la jurisprudencia, declarando que los preceptos contenidos en los arts. 1.3 c) y 2.1 a) (del ET) tienen ámbitos "tangentes", lo que obliga a entender que quienes ocupan los altos cargos de gestión en las sociedades de capital , sin hallarse comprendidos en la exclusión consagrada por el citado art. 1.3 c) , han de ser considerados incluidos en el ámbito de la relación laboral especial antes mencionada, siempre que cumplieran los requisitos establecidos al respecto. Naturalmente que el alcance de la doctrina expuesta exigía la previa determinación del ámbito de la exclusión referida, lo que fue aclarado por la jurisprudencia (sentencia de 3 de junio de 1991, en la que se reitera doctrina sentada por las de 29 de septiembre de 1988 y Sentencia de TS, Sala 4ª, de lo Social, 21 de Enero de 1991 [j 2] y a la cual sigue la de Sentencia de TS, Sala 4ª, de lo Social, 18 de Junio de 1991 [j 3]), en el sentido de que quienes integran los órganos de alto gobierno de las sociedades de capital, en tanto que a estos incumbe la dirección, gestión, administración y representación de las mismas, quedan comprendidos en el citado ámbito de exclusión, cualquiera que sea la estructura que revistan dichos órganos, bien se trate de consejo de administración, bien de administrador único o administrador solidario, bien de cualquiera otra forma admitida por la ley, siendo por tanto erróneo entender que los integrantes de dichos órganos, cuando son colegiados, realizan meras funciones consultivas o de simple consejo y orientación, ya que a aquellos les compete la actuación directa y ejecutiva, el ejercicio de la gestión, dirección y representación de las mencionadas sociedades de capital" (STS de 4 de junio de 1996 [j 4]).

Debe tenerse en cuenta, además, que la alta dirección, al concretarse en el ejercicio de los poderes inherentes a la titularidad jurídica de la empresa, puede plantear también problemas en orden a la diferenciación clara con la figura de «quienes se limiten pura y simplemente al desempeño del cargo de consejero o miembro de los órganos de administración en las empresas que revistan la forma jurídica de sociedad», personas excluidas ( art. 1.3, c) del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (TRLET) ) del ámbito de aplicación del ET. Como criterio diferenciador en estos casos debe acudirse no al contenido de las funciones que efectivamente se ejercen y a la forma en que se lleva a cabo tal ejercicio, sino a la naturaleza del vínculo de la persona que desarrolla aquellas mismas funciones en el seno de la sociedad, de forma tal que si aquel vínculo (como fundamento del ejercicio de las funciones de alta dirección) constituye una relación orgánica de integración de la persona dentro de los órganos de administración de la compañía, su relación no será laboral (ni común ni especial).

De acuerdo con esta doctrina, el vínculo que une al administrador con la sociedad impide la existencia de una relación laboral de alta dirección concurrente, de tal manera que la relación que surge entre el administrador, al que se le encomiendan funciones de dirección y gerencia, y la sociedad será en todo caso civil-mercantil, pero nunca laboral; por tanto, para el deslinde entre una y otra relación (la de alta dirección y la de miembro ejecutivo del Consejo de administración) no es suficiente el mero criterio de la actividad desarrollada, pues una y otra pueden ser equivalentes, sino que lo que no cabe es el contrato de alta dirección en sí, porque tal relación contractual solo cobra sentido cuando se trata de una persona ajena al círculo rector de la sociedad a la que se "apodera" para realizar esas funciones, pero no cuando esas mismas funciones se "delegan" en uno de sus miembros.

La Sentencia nº 154/2008, de 10 de Enero de 2008, rec. 147/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social [j 5] establece tres criterios cuya concurrencia define la relación laboral especial:

1º) Deben ejercerse poderes inherentes a la titularidad jurídica de la empresa -criterio funcional-.

2º) La actividad debe desarrollarse con autonomía y plena responsabilidad sólo limitadas por los criterios e instrucciones directas emanadas de la persona o de los órganos superiores de gobierno y administración de la sociedad que respectivamente ocupe aquella titularidad -criterio jerárquico-.

3º) Los poderes de actuación del alto directivo han de referirse a los objetivos generales de la empresa -criterio objetivo-.
Forma y contenido del contrato de alta dirección Forma del contrato de alta dirección

El contrato especial de alta dirección no deberá, necesariamente formalizarse por escrito, admitiéndose que el mismo se concierte de forma verbal o que su existencia se infiera o derive de hechos, circunstancias y actuaciones concluyentes que con arreglo a lo dispuesto en el art. 8.1, TRLET y 1.2, Real Decreto 1382/1985 de 1 de agosto permitan afirmar aquella especial naturaleza de la relación de trabajo. El requisito de «forma» no es, pues, un requisito ad solemnitatem del contrato.

No existe obligación empresarial, ni de recabar al candidato de la Oficina de Empleo como tampoco de registro y visado de estos contratos que también se hallan excluidos de las...

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