Competencias de la jurisdicción social

 
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El inicio de un procedimiento judicial supone una primera actuación de verificación de la competencia, esto es, el órgano jurisdiccional tendrá que comprobar que la jurisdicción elegida (social, civil, penal…) es la adecuada. Asimismo habrá que verificar que dentro de la jurisdicción se ha identificado correctamente el órgano judicial adecuado. Esto es, puede ser competente la jurisdicción social, pero haber planteado la demanda ante los Juzgados de lo Social de una localidad cuando debería dirigirse a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia, conllevaría la inadmisión de la demanda por considerarse una falta de competencia.

Si bien esta actividad se tiene que realizar en el momento inicial, tras la presentación de la demanda, podría acordarse en un momento posterior siempre que sea en este trámite procesal cuando se determinara la falta de competencia.

Contenido
  • 1 Cuestiones generales respecto a las competencias de la jurisdicción social
  • 2 Apreciación de oficio de la falta de jurisdicción o competencia
  • 3 Competencias de los órganos de la jurisdicción social
    • 3.1 Competencias de los Juzgados de lo Social
    • 3.2 Competencias de las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia
    • 3.3 Competencias de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional
    • 3.4 Competencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo
  • 4 Conflictos y cuestiones de competencia
  • 5 Ver también
  • 6 Recursos adicionales
  • 7 Legislación básica
  • 8 Legislación citada
  • 9 Jurisprudencia citada
Cuestiones generales respecto a las competencias de la jurisdicción social

El art.4 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (LRJS) , establece una serie de cuestiones generales referidas a las competencias de la jurisdicción social. En los supuestos en los que un órgano jurisdiccional social esté conociendo un asunto, tendrá que conocer y resolver, asimismo, las cuestiones previas y prejudiciales pertenecientes a otros órdenes jurisdiccionales siempre y cuando exista una relación directa con el objeto del pleito. Sólo quedan exceptuadas las cuestiones previstas en el art. 3 de la ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (artículo referido a regular la legitimación en el procedimiento concursal).

Pese a lo indicado, en caso de cuestiones de índole penal , y sólo cuando se trate de comprobar la falsedad documental, se parará el procedimiento hasta que se decida sobre la cuestión.

Esta decisión no producirá efectos fuera de este proceso y su decisión se reflejará en la resolución final del proceso.

Los arts. 6 a 9 de la LRJS enumeran las competencias que tienen cada uno de los órganos judiciales de este orden jurisdiccional, atribuyendo competencias a los Juzgados de lo social y a las salas de lo social de los Tribunales Superiores de Justicia, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.

Apreciación de oficio de la falta de jurisdicción o competencia

De conformidad con el art. 5, LRJS , el órgano jurisdiccional tiene la obligación de valorar de oficio la existencia de jurisdicción y competencia. En caso de apreciar falta de jurisdicción o competencia, incompetencia para conocer por razón de la materia, del territorio o de la función, dictará auto declarándolo así.

El órgano jurisdiccional podrá apreciar la falta de jurisdicción en diferentes momentos procesales:

  • En el momento admisión a trámite de la demanda.
  • En el momento de dictar sentencia.

En todo caso, esta declaración requerirá:

  • Previa audiencia de todas las partes.
  • Audiencia al Ministerio Fiscal.

Contra la resolución que declara la falta de jurisdicción o competencia cabrá recurso, de conformidad con lo indicado en el art. 5, LRJS , pudiendo presentar una nueva demanda en la jurisdicción que se indique como adecuada. El plazo de caducidad de la acción queda, en todo caso, suspendido desde la presentación de la demanda hasta la firmeza del auto declarando la falta de jurisdicción o competencia.

Competencias de los órganos de la jurisdicción social Competencias de los Juzgados de lo Social

El art. 6, LRJS atribuye a los Juzgados de lo Social la competencia genérica y residual en primera instancia en esta materia, al establecer que conocerán en única instancia de todos los procesos atribuidos al orden jurisdiccional social, con excepción de lo asignado a otros órganos de este orden en los arts. 7, 8 y 9, LC .

En caso de actos dictados por las Administraciones Públicas, corresponde también su conocimiento en primera instancia a los Juzgados de lo Social respecto de los supuestos incluidos en los apartados n) y s) del art. 2, LRJS , cuando fueran dictados por:

  • Órganos de la Administración general del Estado, de rango inferior al de Ministro o Secretario de Estado.
  • Órganos de las Comunidades Autónomas, salvo del Consejo de Gobierno.
  • Los actos de las Administraciones Locales.

Por último, tenemos que señalar que el art. 10, LRJS cierra la el análisis del ámbito de competencia de los Juzgados de lo Social, estableciendo la concreción territorial de sus competencias. De esta forma, nos señala las siguientes reglas:

  • Será competente el Juzgado de lo Social atendiendo al lugar donde se prestó las prestación, o el del domicilio del demandado, a elección del demandante.
  • En caso de que el servicio se prestara en más de una localidad, el trabajador elegirá entre el Juzgado de lo Social que corresponda al de su domicilio, si coincidiera con uno de los que se ha prestado servicio, el del contrato, o el del demandado.
  • De ser varios los demandados, el actor podrá elegir el Juzgado de lo Social que corresponda al domicilio de cualquiera de ellos.
  • Si se demanda a la Administración Pública empleadora, se hará frente al Juzgado de lo Social que tenga competencia en el lugar de la prestación de los servicios o el del domicilio del demandante, a su elección. Esta norma no es de aplicación a los trabajadores que presten servicios en el extranjero, ya que siempre conocerá el Juzgado de lo social del domicilio de la Administración correspondiente.
  • Respecto de las competencias de las letras o) y p) del art. 2, LRJS , conocerá el Juzgado de lo Social que corresponda a quien dictara la resolución originaria, ya sea expresa o presunta, o la acción impugnada, o el del domicilio del demandante, a su elección, sin que pueda salir de territorio de competencia del órgano que dictó. Por ejemplo, un acto dictado en una Comunidad Autónoma no se podrá conocer en un juzgado de...

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